El presente y futuro político del periodismo

Por el grupo de análisis Politikon (Kiko Llaneras, Roger Senserrich, Jorge San Miguel, Cives, Pablo Simón, Jorge Galindo).

Los medios de comunicación son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia. Esta aseveración puede relativizarse o suavizarse (“unos medios de comunicación veraces mejoran la toma de decisiones y el control ciudadano”), pero es difícil ponerla en duda desde cualquier punto de vista.

Históricamente, no puede entenderse el desarrollo de los sistemas democráticos actuales sin el rol de los medios y los periodistas que en ellos trabajan —nuestra propia Transición es un buen ejemplo de ello—. Y desde una perspectiva teórica, el argumento es bien sencillo de defender: una asunción implícita para aceptar el sistema democrático como funcional es que los votantes saben lo que están votando. Los ciudadanos deben conocer los problemas que afectan a su sociedad, las soluciones posibles, y las posiciones al respecto de candidatos y partidos. Esta información ha sido tradicionalmente ofrecida por los medios, en parte por una cuestión de escala y de tecnología, pero sobre todo por una cuestión de rigor profesional. A los periodistas se les supone independientes de las partes en contienda (en política, partidos y candidatos), a la vez que provistos del tiempo, las herramientas, la formación y los incentivos necesarios para recopilar la información de manera sistemática y difundirla de manera imparcial.

Visto así, todo parece fantástico: el Estado democrático tiene una necesidad que no puede satisfacer por sí mismo, dado que tiene incentivos obvios a la manipulación; así que es el mercado quien cubre esta necesidad de manera privada y por tanto independiente del Estado. Pero este equilibrio funcional (y funcionalista) ofrece, por desgracia, una visión demasiado idealizada de la realidad. Por un lado, partidos y políticos mantienen sus incentivos para tratar de influir sobre esos periodistas a priori independientes. Los medios se mantendrían impasibles ante tales intentos aferrándose a su imparcialidad… si no fuese porque lo que les hace potencialmente independientes (el ser empresas privadas) es también lo que les hace vulnerables a no serlo. La razón es que parece razonable asumir que existe una demanda importante, y probablemente mayoritaria, entre sus clientes potenciales de información sesgada e ideologizada. Los motivos para esto son variados, pero principalmente se centran en el hecho de que consumir información sobre temas y problemas de actualidad es costoso para cualquier ciudadano. Cuanto más elaborada y analítica es dicha información, mayor coste en tiempo y esfuerzo supone. Y no solo eso: como resulta natural (en el pleno sentido del término) los seres humanos somos reacios a poner en cuestión lo que ya sabemos, o creemos que sabemos, sobre la realidad que nos rodea. Poner a prueba nuestras creencias, nuestra ideología, constantemente es un considerable coste asociado a la absorción de nueva información.

El resultado es que existe un equilibrio perverso alternativo al funcional: los medios proporcionan información ideologizada e influida por partidos y candidatos que ciudadanos consumen encantados porque es lo que en gran medida demandan. El Estado, por las razones ya apuntadas, puede hacer bien poco para resolver esto: una televisión pública, por ejemplo, por muy independiente que sea, siempre tenderá a caer del lado de quien la dirige. Los ejemplos de información sesgada en este tipo de medios ganan aplastantemente contra aquellos de independencia prístina. Confiar en la mera ética periodística parece, por otro lado, pecar de optimismo, ignorando que al fin y al cabo los periodistas son trabajadores que deben comer, bien de la demanda privada, o bien de un salario público. Además los periodistas pueden tener cierta ideología como cualquier persona, lo que permite articular una linea editorial sesgada por simple selección de afines, sin necesidad de manipularlos de forma grosera.

Por supuesto, esta situación no es nueva. Más bien es consustancial a la relación de periodistas y políticos, de medios y democracia. Por tanto, cabe preguntarse cómo es posible que efectivamente los medios hayan jugado un papel importante hasta ahora. La razón es que, por un lado, sí que ha venido existiendo una demanda relevante de información imparcial, particularmente por parte de los estratos más educados de la sociedad. Por otra parte, el partidismo consustancial a nuestros sistemas políticos se traslada a los medios por los mecanismos ya explicados. Esto hace que, paradójicamente, los periodistas al menos tendrán incentivos para investigar y ser críticos cuando se trata de atacar al “contrincante”. Además, a nadie le gusta descubrir que ha sido radicalmente engañado, aunque este engaño haya sido consistente con su ideología. Como cabe suponer que existe vigilancia y competencia entre medios, existe un límite relativamente sólido, una barrera que los periodistas no traspasan, y que suele situarse entorno a la idea de mentir descaradamente.

La situación es que tenemos medios y periodistas parciales e ideologizados que explican realidades contrapuestas pero no totalmente inventadas. Este equilibrio, como decimos, ha funcionado relativamente bien hasta ahora. Sin embargo, hoy los medios y sus trabajadores están sumidos en un proceso de profundo cambio cuyo final es incierto. Este proceso tiene de momento una forma particularmente desintegradora. Por un lado, es notoria la proliferación de medios dirigidos de manera explícita a un nicho ideológico. Por otra parte, también crecen los medios de bajo coste, fenómeno que se realimenta con lo anterior y que se relaciona con la aparente necesidad de inmediatez. La tiranía de seguir la actualidad que ha llegado con internet (que acelera exponencialmente el flujo de información desde el acontecimiento hasta el receptor) parece que está aquí para quedarse. El trade off entre responder de inmediato y ofrecer credibilidad, relevancia, análisis y autoridad es obvio, y parece que, de nuevo por las características de la demanda, se está resolviendo a favor del primero.

En gran parte, la raíz de este cambio es más económica que otra cosa. Para la prensa escrita estamos ante el fin de la publicidad como sistema de financiación, y la transición de un modelo “vendemos lectores a anunciantes” a otro de “vendemos contenidos a lectores”. El problema es de nuevo que no hay suficientes lectores dispuestos a pagar lo suficiente – de hecho, es argumentable que no los haya habido nunca.

Para la televisión, la sección de informativos siempre ha sido un loss-leader. Era la sección de la cadena más cara de operar, a menudo sólo mantenida para dar prestigio a la marca, no para ganar dinero. La gente que ve noticias son un público poco atractivo para anunciantes (por edad, particularmente: mayores de cincuenta años dominan en este público), así que no se autofinanciaban nunca. La emergencia de TV por cable y la TDT ha aumentado la competencia y reducido los márgenes.

Las preferencias de los consumidores, por tanto, son esencialmente estables. La cuestión es que los medios tenían como clientes no a sus lectores, sino a los publicistas.

Todo ello acaba por descompensar el equilibrio tradicional hacia la parcialidad y en detrimento de lo neutral y lo profundo: probablemente, cada vez vamos a tener menos información y cada vez más, digamos, comunicación – de la gente que la financia. En este contexto más bien descorazonador, cabe preguntarse qué opciones se ofrecen a aquel periodismo que pretenda mantenerse serio y sólido. La responsabilidad del periodismo parece clara: confirmar fuentes, ser radicalmente imparciales, desvincularse del poder y ejercer ese papel de contrapunto frente al Estado (y frente a empresas y otros poderes, por descontado). Este es aparentemente un nicho con cierta demanda. Sin embargo, observando cómo evoluciona la oferta, parece en retroceso o estancada, más bien escasa, y quizás insuficiente.

El problema quizás sea que lo que la sociedad necesita del periodismo (rigor, calidad, independencia, profundidad, profesionalidad) no es lo que la sociedad le demanda.